
El Gobierno Nacional modificó la vieja ley de radiodifusión y a nuestros medios se les cayeron las caretas.

Las empresas del Estado confieren un factor importante de poder hacia el pueblo. Son instituciones de la Nación y afirman nuestra soberanía. Ellas dan presencia en la economía al Estado y, empleo y poder a los trabajadores. Cuando la empresa prospera, también lo hace la sociedad. En cambio, aunque una multinacional pague buenos salarios a sus empleados, el progreso no será visualizado por los argentinos debido a que los beneficios emigrarán hacia otros países. Ahora, citando a Jorge Lanata, ¿Cuando nos tomaremos en serio a nosotros mismos?
Las multinacionales cerraron un negocio muy conveniente, pero conveniente sólo para ellas. Se mantenía el carácter monopólico del mercado y se incrementaba el precio del servicio.
Los servicios públicos son empresas de servicio y deben permanecer administrados por el Estado para asegurar a la sociedad el acceso, una buena atención y bajos costos.
Argentina representa un caso inédito. Ha facilitado el crecimiento de empresas preestablecidas extranjeras en lugar de promover el establecimiento de nuevas empresas nacionales para operar competitivamente. Se permitió una fuga masiva de capitales.
Lo único que no se transfirió a las nuevas empresas firmantes, fue la marca, los créditos facturados hasta la toma de posesión y las deudas.
Resulta increíble como las empresas inversoras en menos de un año recuperaron lo invertido y lo superaron con creces. Y más lamentable aun, que cuando estuvieron en nuestras manos, los gobernantes que elegimos para que nos representen, llevaron a cabo un saqueo desmedido, desmantelando completamente la empresa.
Gente como Menem, Duhalde, Alsogaray, Dromi, Otero, Terragno, remataron a nuestra Argentina mintiéndole al pueblo mediante contratos leoninos y corruptos. Cuando los gobernantes actúan de esta forma, todo exceso es posible y la política pierde su rol, transformándose en un abuso.
O quizás aquí el único que tenga razón sea el Sr. Menem, quien todavía se da el lujo de decir: “Estos hechos han formado parte de una especie de…casualidad permanente”.
El asesinato de Andrea Pajón: Sin responsables
“Una construcción de cemento no es sino un castillo de naipes, solo basta que llegue la ráfaga precisa”, dijo Thomas Bernhard. Frase que se adecúa y describe la tragedia de Andrea Pajón.

Cuando una mujer es asesinada y el caso no es esclarecido con eficacia y brevedad, entra en juego la teoría del marido asesino. Esta famosa hipótesis se repite en innumerables historiales judiciales. Cuando esto ocurre, los respectivos maridos pasan a convertirse además, en sospechosos sociales. Todos emiten su opinión, vecinos, amigos, familiares, personas que se enteran a través de los medios, la sociedad opina y las vidas privadas de las víctimas se convierten en públicas, despojan su intimidad, se tergiversa la verdad, y con eso, se pierde el respeto hacia ellas, imposibilitadas de defenderse, ya que les han quitado el derecho a la vida.
Andrea Pajón fue, como muchas otras mujeres, victima de un asesinato poco claro. Sus familiares señalan a Claudio Sartal, su marido en aquel entonces, y sostienen que el hombre miente descaradamente al negar que se encargó del crimen de su ex esposa.
Algunos no pueden explicarse como la pareja pudo haber pasado del amor al odio, al punto de llegar a un asesinato. Andrea era una maestra de 39 años y estaba casada con Sartal, con quien tuvo dos hijos, Leandro (21) y Alan (13).
Eran las 6.50 del 27 de agosto de 2008 y el barrio San Juan de Castelar Sur, comenzaba a despertarse. Alan, el hijo menor de la pareja, presenció el triste y violento desenlace, por encontrarse arriba del auto con su madre, los dos listos para partir hacia el colegio, lugar al que nunca pudieron llegar.
Dos hombres irrumpieron en la pacifica escena y en cuestión de segundos sujetaron a Andrea desde atrás, y dos tiros impactaron en su cabeza. Las dos personas se dieron a la fuga instantáneamente y no quedaron rastros de ellos.
Alan, testigo principal del hecho, al ver a su madre en un terrible estado, decidió correr hacia una sala de primeros auxilios. Allí, al ver la desesperación del chico, llamaron a la comisaria tercera de Morón. Llegaron los oficiales y llevaron a Andrea al Instituto Haedo, donde falleció a las treinta y seis horas del ataque.
Comenzaron las investigaciones y la búsqueda de pruebas. No encontraron huellas ni ningún tipo de evidencia directa, por lo que tuvieron que guiarse sólo por los testimonios. Si bien el más importante y el que denotaba más peso era el de Alan Sartal, fueron muchas las personas que brindaron sus palabras.
El proceso judicial comenzó sin pruebas y con pocos involucrados. Aunque con el paso del tiempo fueron apareciendo personajes muy importantes. Personas que nada tenían que ver entre sí, pero que de alguna manera se encontraban relacionadas con la causa. Surgieron novios de Andrea y Claudio, con versiones cruciales que cambiaron la dirección del caso, se descubrió que la pareja estaba en proceso de divorcio y la relación que mantenían no era la mejor. Si bien pasaron excelentes momentos en matrimonio, en el 2008 atravesaron diversos inconvenientes, incluso algunos se atrevieron a decir que él la golpeaba, insultaba y ella le temía por eso.
El juicio transcurrió entre testimonios verdaderos y falsos, idas y venidas. Incluso en medio del proceso apareció muerto el ex novio de Andrea, Fabián Durán. Nunca se supo qué fue lo que realmente ocurrió ni quién fue el responsable del homicidio.
El crimen de Andrea Pajón permanece impune, los asesinos están sueltos, perdura la sensación de impotencia. Los padres de Pajón se preguntarán por siempre quien les quitó a su hija, por qué razones, si fue asesinada por encargo, si fue un crimen pasional. Nada es claro, existen demasiadas versiones y, tristemente, no queda más que citar al popular dicho español, “Serás mía o de la tumba fría”.

El 26 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la llamada Masacre de Avellaneda, día en que Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados.
El país vivía una compleja situación social, política y económica, que empeoraba cada vez más desde el año anterior. Con Fernando de la Rúa en el poder, se anunció el “corralito” y el sistema financiero colapsó. La crisis llegó a un punto insostenible, la reacción popular fue muy negativa, derivando ésta en una crisis política.
La historia argentina es poseedora de épocas prósperas, pero también de otras demasiado virulentas. Desde principios del siglo XX, diferentes sectores fueron agrupándose en torno al reclamo de derechos. Fue en el 2001 cuando se produjo una gran irrupción popular. A partir de allí, las diferentes agrupaciones fueron conocidas como “movimientos sociales”. El lema utilizado por los estratos populares y medios de la sociedad fue “que se vayan todos”, denotando un claro rechazo hacia políticos anteriores, de turno y futuros inclusive, porque la gente estaba cansada de la injusticia, desocupación, corrupción y malestar general, reinante por esos días. Como decía Max Webber, hay que afrontar el mundo con desencanto o huir de él a los pequeños grupos salvadores.
En medio de este panorama de masas agitadas y en una situación incontenible, hubo varios cambios de presidente en pocos días, hasta que el 2 de enero de 2002 Eduardo Duhalde asumió como presidente interino. En un convulsionado contexto de gobierno de transición, los ciudadanos hicieron protestas, llevaron a cabo saqueos, la gente no se sentía representada en absoluto. En medio de los diversos piquetes, hubo uno en particular que marcó el punto culmine de la presidencia de Eduardo Duhalde. Los medios mostraron una secuencia de imágenes incompleta de la manifestación que por entonces se estaba llevando a cabo en el puente Pueyrredón. Esto puede verse claramente en el documental argentino “La crisis causó dos nuevas muertes”. Esa fue la errónea frase que el matutino Clarín eligió para titular la nota principal y tapa del día. Frase que le trajo más de un problema.
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán formaban parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD). Luchaban por lograr un aumento salarial general y una duplicación en el monto de los subsidios para desocupados. Ese día tenían programado cortar todos los accesos a Capital Federal desde provincia de Buenos Aires. El reclamo fue reprimido con balas de goma y de plomo por un operativo conjunto entre la Policía Federal, la Policía Bonaerense, Gendarmería y Prefectura. Los heridos con balas de plomo fueron treinta y cuatro, pero el peor final se lo llevaron Kosteki y Santillán, quienes fueron asesinados por el comisario Alfredo Fanchiotti.
Existió un intento de ocultar parte de este hecho. En las redacciones contaban con la secuencia de fotografías completa y se veía claramente al ex policía Fanchiotti disparar contra las dos victimas, aun así, los medios no mostraron la verdad sino una reconstrucción tergiversada de la realidad, conveniente para las esferas de poder, incriminando a otros piqueteros en el hecho. De esta manera, como explica la periodista Stella Martini, “las fuentes oficiales sobre-representadas, legitiman y son legitimadas a la vez por el discurso mediático”. La versión oficial fue la impuesta por los medios. El discurso que vendieron en ese momento fue: los piqueteros son tan violentos que se matan entre ellos. De modo que ante la mirada de la sociedad, inducida por los medios y éstos a su vez por el poder, las victimas se convirtieron en victimarios.
Por otro lado, las personas que conforman la sociedad, tal como lo expresa Webber, legitiman al Estado por diversas motivaciones internas. Esta legitimidad hace referencia al título de poder por sobre los otros. El problema desde el 2001 en adelante, radica en la falta consenso que posee el Estado en la sociedad, sumado a que los ciudadanos fueron, en reiteradas oportunidades, utilizados para que otros con mayor poder incrementen sus ganancias personales de manera corrupta y no hallen la forma de administrar correctamente al país. Mientras que el objetivo del Estado es controlar a la población, se contempla la posible utilización de la coerción, aunque sea en última instancia, con el fin de condicionar el accionar de la sociedad. Sin embargo, un poder legítimo con una mayoría de consenso entre los ciudadanos, no tendría necesidad de recurrir a la coerción.
En este caso particular, el Estado pretende garantizar la impunidad de asesinos, ya que los únicos sentenciados con penas importantes fueron el ex comisario Alfredo Luis Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Gabriel Acosta, ambos condenados a cadena perpetua. Otros cinco efectivos recibieron entre dos y cuatro años de prisión por encubrimiento de hechos. Ninguno de los comprometidos políticamente con la causa fue citado a declarar a pesar de las cuantiosas pruebas existentes.
Desde entonces, se pide que los implicados sean correctamente juzgados, pero debido a la falta de capacidad operativa del gobierno, esto se ve, por el momento, paralizado.