MASACRE DE AVELLANEDA

El 26 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la llamada Masacre de Avellaneda, día en que Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados.

El país vivía una compleja situación social, política y económica, que empeoraba cada vez más desde el año anterior. Con Fernando de la Rúa en el poder, se anunció el “corralito” y el sistema financiero colapsó. La crisis llegó a un punto insostenible, la reacción popular fue muy negativa, derivando ésta en una crisis política.

La historia argentina es poseedora de épocas prósperas, pero también de otras demasiado virulentas. Desde principios del siglo XX, diferentes sectores fueron agrupándose en torno al reclamo de derechos. Fue en el 2001 cuando se produjo una gran irrupción popular. A partir de allí, las diferentes agrupaciones fueron conocidas como “movimientos sociales”. El lema utilizado por los estratos populares y medios de la sociedad fue “que se vayan todos”, denotando un claro rechazo hacia políticos anteriores, de turno y futuros inclusive, porque la gente estaba cansada de la injusticia, desocupación, corrupción y malestar general, reinante por esos días. Como decía Max Webber, hay que afrontar el mundo con desencanto o huir de él a los pequeños grupos salvadores.

En medio de este panorama de masas agitadas y en una situación incontenible, hubo varios cambios de presidente en pocos días, hasta que el 2 de enero de 2002 Eduardo Duhalde asumió como presidente interino. En un convulsionado contexto de gobierno de transición, los ciudadanos hicieron protestas, llevaron a cabo saqueos, la gente no se sentía representada en absoluto. En medio de los diversos piquetes, hubo uno en particular que marcó el punto culmine de la presidencia de Eduardo Duhalde. Los medios mostraron una secuencia de imágenes incompleta de la manifestación que por entonces se estaba llevando a cabo en el puente Pueyrredón. Esto puede verse claramente en el documental argentino “La crisis causó dos nuevas muertes”. Esa fue la errónea frase que el matutino Clarín eligió para titular la nota principal y tapa del día. Frase que le trajo más de un problema.

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán formaban parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD). Luchaban por lograr un aumento salarial general y una duplicación en el monto de los subsidios para desocupados. Ese día tenían programado cortar todos los accesos a Capital Federal desde provincia de Buenos Aires. El reclamo fue reprimido con balas de goma y de plomo por un operativo conjunto entre la Policía Federal, la Policía Bonaerense, Gendarmería y Prefectura. Los heridos con balas de plomo fueron treinta y cuatro, pero el peor final se lo llevaron Kosteki y Santillán, quienes fueron asesinados por el comisario Alfredo Fanchiotti.

Existió un intento de ocultar parte de este hecho. En las redacciones contaban con la secuencia de fotografías completa y se veía claramente al ex policía Fanchiotti disparar contra las dos victimas, aun así, los medios no mostraron la verdad sino una reconstrucción tergiversada de la realidad, conveniente para las esferas de poder, incriminando a otros piqueteros en el hecho. De esta manera, como explica la periodista Stella Martini, “las fuentes oficiales sobre-representadas, legitiman y son legitimadas a la vez por el discurso mediático”. La versión oficial fue la impuesta por los medios. El discurso que vendieron en ese momento fue: los piqueteros son tan violentos que se matan entre ellos. De modo que ante la mirada de la sociedad, inducida por los medios y éstos a su vez por el poder, las victimas se convirtieron en victimarios.

Por otro lado, las personas que conforman la sociedad, tal como lo expresa Webber, legitiman al Estado por diversas motivaciones internas. Esta legitimidad hace referencia al título de poder por sobre los otros. El problema desde el 2001 en adelante, radica en la falta consenso que posee el Estado en la sociedad, sumado a que los ciudadanos fueron, en reiteradas oportunidades, utilizados para que otros con mayor poder incrementen sus ganancias personales de manera corrupta y no hallen la forma de administrar correctamente al país. Mientras que el objetivo del Estado es controlar a la población, se contempla la posible utilización de la coerción, aunque sea en última instancia, con el fin de condicionar el accionar de la sociedad. Sin embargo, un poder legítimo con una mayoría de consenso entre los ciudadanos, no tendría necesidad de recurrir a la coerción.

En este caso particular, el Estado pretende garantizar la impunidad de asesinos, ya que los únicos sentenciados con penas importantes fueron el ex comisario Alfredo Luis Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Gabriel Acosta, ambos condenados a cadena perpetua. Otros cinco efectivos recibieron entre dos y cuatro años de prisión por encubrimiento de hechos. Ninguno de los comprometidos políticamente con la causa fue citado a declarar a pesar de las cuantiosas pruebas existentes.

Desde entonces, se pide que los implicados sean correctamente juzgados, pero debido a la falta de capacidad operativa del gobierno, esto se ve, por el momento, paralizado.